BELLAVISTA, Colombia, oct (IPS) Los hechos reseñados aquí ocurrieron entre el 21 de abril y el 11 de mayo de 2002 en el departamento de Chocó, noroeste de Colombia, y tuvieron como epicentro Bellavista, un caserío de poco más de 1.000 habitantes tendido sobre el río Atrato, cabecera municipal de Bojayá.

El 21 de abril, al menos siete lanchas con unos 250 paramilitares ultraderechistas llegaron a Bellavista y al vecino Vigía del Fuerte, procedentes de Turbo, en el golfo de Urabá, donde desemboca el río Atrato.

Los dejaron pasar un retén permanente de la marina de guerra en Punta Turbo, otro de la policía y un tercero del ejército en Riosucio, 157 kilómetros al norte de Bellavista.

Entre ese día y el 30 de abril, aterrizaron en la pista de Vigía del Fuerte, frente a Bellavista, varias avionetas, una de ellas identificada con las siglas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).

A bordo de las aeronaves estaban los jefes paramilitares Wilson Chaverra, ex alcalde de Vigía (1995-1997), “El Brujo”, comandante paramilitar de Quibdó, 228 kilómetros al sur y capital departamental, y el jefe del bloque "Elmer Cárdenas" de las AUC, Freddy Rendón, alias “El Alemán”.

Los paramilitares se establecieron en ambos poblados, mientras la guerrilla de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) observaba desde el área rural.

La comunidad de Bellavista presentó al jefe paramilitar “Camilo” un reglamento interno, como han hecho todos los caseríos de la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), anunciando que ningún grupo armado era bienvenido.

“Camilo” contestó que habían llegado a “limpiar el Atrato como lo hicimos en Urabá”, zona bananera escenario de cruentas matanzas.

El 23 de abril, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó al gobierno colombiano su “preocupación” por la incursión paramilitar, y lo instó a tomar medidas para proteger a los civiles.

El 24 y el 26, se unieron a la advertencia de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas dos organismos de control, la Procuraduría General de la Nación, mediante una “solicitud urgente”, y la Defensoría del Pueblo (ombudsman), con una alerta temprana, motivada a su vez por un SOS de la católica Diócesis de Quibdó.

El combate se inició poco antes de las seis de la mañana del 1 de mayo.

Los habitantes del diminuto casco urbano de Bellavista tenían la consigna de refugiarse en la iglesia, de 117 metros cuadrados y uno de los pocos edificios de ladrillo, en caso de combates. Unas 300 personas así lo hicieron.

Permanecieron allí 27 horas, resguardadas por un portón de madera y por el Derecho Internacional Humanitario, que protege los lugares de culto.

Otras 100 personas se refugiaron en la casa cural, que comparte pared con la iglesia por el norte, y 80 más en la de las Misioneras Agustinas, en el predio siguiente hacia el sur.

En la mañana del 2 de mayo, las FARC estaban en la periferia del poblado, a unos 400 metros de la iglesia. Los paramilitares seguían en el centro, parapetados tras las casas vacías, y especialmente en los alrededores de los tres refugios.

La guerrilla comunicó más tarde que “jamás hubo la intencionalidad de causarle daño a la comunidad”, pero la verdad es que lanzó al menos cuatro pipetas de gas rellenas de explosivos hacia el sitio donde estaba concentrada la población.

La tercera pipeta fue lanzada a las 10:45 horas e impactó en el altar. Murieron 119 personas. La cuarta se disparó incluso después de la tragedia aunque, como la segunda, no explotó.

Tras el primer estallido, los paramilitares comenzaron a presionar desde el atrio para que los dejaran entrar a la iglesia, a resguardarse con los civiles.

Los pobladores se amontonaron en torno del altar, mientras el párroco Antún Ramos y algunos líderes discutían puerta mediante con los paramilitares: "¡Retírense de aquí!".

El 3 de mayo, las FARC anunciaron su triunfo militar y el 4 permitieron que seis personas, entre ellas Antún y el compositor analfabeto Domingo Valencia, regresaran a Bellavista a recoger los muertos.

“Cuando yo entré a la iglesia/ Y vi a la gente destrozada / Se me apretó el corazón/

Mientras mis ojos lloraban”, recuerda Valencia en su “Canción del 2 de Mayo”.

Desde el 4, la fuerza aérea hizo sobrevuelos, bombardeó y ametralló cerca de las poblaciones.

Las primeras comisiones humanitarias de la Diócesis de Quibdó comenzaron a llegar por río.

En una de ellas, el día 5, llegaron con el ombudsman regional dos periodistas, el español Francisco Gómez Nadal y el reportero gráfico colombiano Jesús Abad Colorado. Navegaban a contravía de embarcaciones repletas de desplazados con rumbo a Quibdó, que anunciaban la magnitud de la tragedia. En Bellavista aún estaba la guerrilla.

Mientras, desesperados reporteros de medios nacionales e internacionales tuvieron que “arañar” la información desde Quibdó, pues fueron obligados a retroceder por el coronel Orlando Pulido Rojas, comandante del Batallón Manosalva de la IV Brigada del ejército.

El oficial justificó su accionar por "los continuos bombardeos que están realizando los aviones arpía y fantasma sobre toda embarcación movilizada sobre el río Atrato”.

Las FARC se replegaron de Vigía del Fuerte y Bellavista poco antes de que llegara el ejército, el día 7.

Varios sobrevivientes que intentaron retornar vieron en Bellavista a paramilitares vistiendo sus propias ropas, que habían robado en sus casas.

El 8 aterrizaron cinco helicópteros. De dos de ellos bajó un pelotón de periodistas. Intentaron cruzar al frente, a Vigía del Fuerte, pero no se lo permitieron.

Los pobladores cuentan que el general Mario Montoya, comandante de la IV Brigada con jurisdicción en la región, extrajo de su bolsillo un zapatito de niño, de una marca que jamás se había visto en el Atrato, lo exhibió cual si fuera el calzado de uno de los 44 niños muertos en la iglesia y lloró frente a las cámaras.

El 9 de mayo llegó un equipo de la Fiscalía Regional de Antioquia. Su tarea investigativa, que incluía estudios balísticos, fue interrumpida el 12 porque el general Montoya advirtió a la Fiscalía General de la Nación sobre la inminente toma de Bellavista por parte de la guerrilla.

Pero el equipo en terreno no recibió ninguna amenaza y declaró haber estado protegido “en todo momento” por el ejército y la infantería de marina.

Mientras, varias avionetas aterrizaban en Vigía del Fuerte, llevando a comandantes de las AUC, que se reunieron con integrantes de las fuerzas militares presentes en el lugar.

El 11, el coronel Pulido Rojas declaró a OACNUDH que “no había nadie armado en el pueblo” y que el desplazamiento de civiles hacia Quibdó se debía más a la perspectiva de recibir ayuda humanitaria que al miedo.

EPÍLOGO

La mayoría de los datos de esta cronología fueron extraídos del informe de OACNUDH, publicado el 20 de mayo por el director sueco Anders Kompass, tras haber reconstruido los hechos personalmente en Bellavista.

Kompass consignó que todos debían responder por la matanza: FARC, AUC y Estado.

El gobierno cuestionó su informe. El Comando de la IV Brigada del Ejército comunicó que "no comparte las versiones difundidas, sin fundamento, que pretenden mostrar posibles convivencias del Ejército y la Infantería de Marina con grupos de autodefensas ilegales".

Desde Ginebra, la entonces Alta Comisionada de la ONU, Mary Robinson, tuvo que intervenir para respaldar el trabajo de Kompass. El 14 de junio de 2002 se puso fin a su misión de tres años en Colombia.

La justicia militar y la Procuraduría investigaron “por omisión” a los militares implicados en estos hechos.

El general Montoya continuó su carrera, fue ascendido y hoy es comandante del ejército, aunque ha sido señalado por informes de inteligencia estadounidenses de haber trabajado junto con las AUC en la Operación Orión, de reconquista de la Comuna 13 de Medellín, en octubre de 2002.

En 2005, el teniente coronel Pulido Rojas fue responsabilizado de negligencia por este caso y sancionado con una suspensión de 90 días por la Procuraduría.

“El Alemán” se desmovilizó en agosto de 2006, en el marco de polémicas negociaciones con el gobierno de Álvaro Uribe. En el proceso judicial que le permitirá acceder a una pena máxima de ocho años de cárcel, responsabilizó de la masacre al sacerdote Antún, por haber reunido a los habitantes en la iglesia y haber cerrado el portón.

Los sobrevivientes de la matanza recibieron del Estado una reparación en dinero de hasta 40.000 dólares por persona. Y se les construyó un nuevo poblado, al que fueron compelidos a mudarse en septiembre de 2007.

Nuevo Bellavista, construido a un kilómetro del lugar original, fue inaugurado el 13 de octubre por el propio Uribe, en compañía de una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Comercio de ese país, Carlos Gutiérrez, quien dijo que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países es de interés estratégico.

El Black Caucus (bloque negro) del Congreso legislativo estadounidense condicionó su voto afirmativo del TLC al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades afrocolombianas.

Las FARC continúan en la región, donde se despliega una presencia notable de la fuerza pública sobre el río Atrato. Pero los afluentes siguen dominados por la guerrilla. (FIN/IPS)

“Este artículo es parte de una serie de reportajes sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Chocó. El proyecto que dio origen a este trabajo fue el ganador de las Becas AVINA de Investigación Periodística. Los abonados que lo reproduzcan deben incluir el logo correspondiente. La Fundación AVINA no asume responsabilidad por los conceptos, opiniones y otros aspectos de su contenido”.

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